VIOLENCIA EN QUISQUEYA

ESTE BLOG DISCUTE SOBRE LA VIOLENCIA CRECIENTE EN LA REPUBLICA DOMINICANA Y ES UN FORO PARA LA BUSQUEDA DE SOLUCIONES

Saturday, January 13, 2007

FELIZ AÑO 2007


FELIZ AÑO 2007


DR RAFAEL BELLO DIAZ

Thursday, July 27, 2006

Presidenta CND considera alarmante consumo de drogas en universidades

SANTO DOMINGO -La Presidenta del Consejo Nacional de Control de Drogas Mabel Féliz Báez, calificó de alarmante el consumo de estupefacientes en la población estudiantil universitaria en la República Dominicana. Féliz Báez indicó que un estudio reciente realizado por esa institución en las universidades privadas y en la pública reveló que es elevadísimo el porcentaje en el consumo de drogas en los estudiantes de esos centros académicos.Aclaró que aunque no tenía a mano los porcentajes de los resultados del trabajo realizado, el mismo descansa en el organismo y podrían ser suministrados a cualquier medio o persona interesada. Dijo que los estudios investigativos se llevaron a cabo en las universidades privadas y en la Universidad Autónoma de Santo Domingo(UASD), la que cuenta con mayor cantidad de estudiantes matriculados.Féliz Báez dijo asimismo, que preocupada por los resultados del estudio convocó una reunión urgente con los rectores de esos centros académicos, incluyendo el de la universidad estatal Roberto Reyna, para analizar el problema.Dentro de los planes que dijo se analizaron para buscarles una solución al alto consumo de drogas entre los estudiantes de nivel superior, se planteó insertar en la enseñanza universitaria un programa que tenga que ver con el uso y consumo de sustancias prohibidas en dichos centros educativos.Dijo que muy pronto ese programa preventivo al uso de drogas se estará implementado en las diferentes instituciones académicas de la Capital y del interior del país, con el interés de que contribuya con la reducción gradual en el uso de los estupefacientes entre los estudiantes de nivel superior.Recordó, no obstante, que el organismo imparte charlas y conferencias en las universidades y en los liceos secundarios a nivel nacional en torno a los daños que provoca el uso de estupefacientes. En tanto, la funcionaria informó que en el país hay más de 20 mil puntos de ventas de drogas y anunció que en los próximos días se divulgará una encuesta sobre el consumo de estupefacientes. Mabel Féliz Báez dijo que el proceso de combatir el narcotráfico se ha tornado difícil porque la institución cuenta con pocos recursos. Consideró preocupante que el tráfico y consumo de drogas haya llegado hasta las universidades. Entrevistada cuando asistió a un acto aniversario de la creación del Departamento de la Corrupción Administrativa ( DPCA), Féliz Báez dijo que debido a la problemática se ha procedido a identificar los puntos de distribución de estupefacientes. “La cifra de puestos de venta de drogas es muy superior a la que se había manejado hace varios días que la situaba en algo más de 20 mil”, explicó.“Los delincuentes son desafiantes y frente a la debilidad institucional que ven aprovechan esa situación. Tenemos una serie de casos pendientes en la justicia de narcotráfico que no han sido fallados.

Tropas detienen decenas personas, incautan armas en inicio operativo

SANTO DOMINGO.- Decenas de detenidos, armas de fuego y blanca incautadas, así como docenas de motocicletas y otros vehículos retenidos por las autoridades fue el balance preliminar, pasada la media noche, de los operativos preventivos contra la delincuencia diseñado el pasado lunes en el Palacio para poner freno a la ola de violencia que ha venido azotando el país.Los policías, a modo de punta de lanza, empezaron las requisas en sectores, avenidas y callejones de los barrios y zonas de la capital poco después de las 7:00 de la noche y a las 11:00 centenares de militares se sumaron a los operativos en puentes, carreteras y en la zona urbana de manera conjunta con las tropas policiales.El jefe de la Policía, mayor general Bernardo Santana Páez, personalmente se mantuvo durante toda la noche y bien entrada la madrugada supervisando las operaciones no solo en la capital, sino también en provincias como Santiago, Puerto Plata, La Vega, El Seibo, Higüey, San Juan de la Maguana y comunidades próximas a la frontera.De su lado, el secretario de las Fuerzas Armadas, almirante Sigfrido Pared Pérez, calificó anoche como exitosa la primera jornada de los operativos de prevención de la delincuencia y aclaró que la presencia de los militares y de los policías “no significa que haya una especie de toque de queda para la ciudadanía, porque la idea es que sean los delincuentes quienes sepan que no podrán salirse con las suyas”. Junto a las patrullas actuaban 38 supervisores de la Secretaría de Interior y Policía, para garantizar que los centros de venta de bebidas alcohólicas cumplieran con la medida.Anoche, periodistas de LISTÍN DIARIO observaron el desarrollo de los operativos iniciados en los denominados barrios seguros y en la parte alta de la capital, así como en Herrera, kilómetro 12 de la autopista Sánchez y en comunidades aledañas a las salidas de la capital, tanto en dirección Norte, Sur y Este.En las intersecciones de las avenidas Duarte con Pedro Livio Cedeño fueron incautadas armas de fuego, cuchillos, machetes y retenidos varios vehículos cuyos conductores no tenían los documentos en regla, mientras que entre las personas que curioseaban en los alrededores hubo palabras de respaldo a la medida preventiva.Una señora que se desmontó de una camioneta que fue revisada minuciosamente por miembros de la Policía manifestó que la ciudadanía espera que la medida no sea temporaL, para ver “si los tígueres nos dejan vivir”.En los sectores 27 de Febrero, Guachupita, Los Guandules, Villas Agrícolas, María Auxiliadora, La Trinitaria, Villa Francisca, San Carlos, ensanche La Fe y en varios tramos de las avenidas 27 de Febrero, Kennedy, Sánchez y Mella, era notorio el despliegue de tropas que revisaban vehículos de manera aleatoria, para determinar si eran robados o tenían documentos irregulares, así como a transeúntes en busca de armas ilegales.Un oficial que comandaba uno de los puestos de chequeo advirtió a los ciudadanos a poner atención al llamado de alto y reducir la velocidad de sus vehículos cuando se le haga la señal “porque entonces habrá que detenerlo como sea”.En los barrios y zonas citadinas resaltaba la presencia policial, con decenas de yipetas, camionetas y camiones con sus centellas encendidas, en tanto que miembros de los cuerpos élites de la institución, como los llamados Lince, “se lanzaban” de forma repentina de sus motores para requisar vehículos.

Encarcelan agresores de jueza

La juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Elka Reyes, envió por tres meses a la cárcel de La Victoria a los dos hombres que asaltaron a la jueza del Segundo Tribunal Colegiado, doctora Sarah Veras, el pasado sábado.
Jonathan Ramírez Méndez y Deivi Suero Valdez fueron enviados a prisión preventiva a solicitud del representante del Ministerio Público, licenciado Julio Sabá Encarnación, fiscal adjunto adscrito a la fiscalía barrial de la Ciudad Colonial.
En la vista, el fiscal adjunto presentó como elementos de prueba dos celulares, un cheque, dos libros y otros documentos propiedad y objetos de la magistrada, ocupados a los imputados al momento de su apresamiento.
La magistrada Veras fue atracada el pasado sábado mientras se encontraba en el parqueo de su residencia, donde fue interceptada por un desconocido que la despojo de sus pertenencias y huyó en una motocicleta Honda C-70, que era conducida por el otro.
- POR PEDRO CASTRO

Dueños acatan medidas y cierran negocios

SANTIAGO.-La "ley seca" comenzó a aplicarse aquí anoche por voluntad propia de dueños de establecimientos comerciales y parroquianos, quienes al filo de la media noche dejaron vacíos los negocios de expendio de bebidas alcohólicas.
El patrullaje policiaco-militar fue tímido en el primer día de aplicación del decreto 308-06, mediante el cual el presidente Leonel Fernández regula el horario del expendio de bebidas alcohólicas en colmados, discotecas, bares, casinos y centros de diversión.
En las universidades los alumnos querían salir temprano, "porque inicia el patrullaje", resaltaban algunos jóvenes.
Mientras en el Área Monumental, el principal centro de las libaciones alcohólicas de aquí, los negocios se veían prácticamente desiertos a la media noche.
Los residentes en barrios y urbanizaciones se recluyeron tempranos en sus hogares, para atender las medidas excepcionales con la cual las autoridades pretenden controlar la delincuencia.
Rafael Marchena, propietario de un establecimiento de 24 horas, dijo que los comerciantes apoyan la decisión gubernamental, pero les preocupa la suerte de sus establecimientos porque los ciudadanos han mal interpretado el espíritu de la regulación.
"Es que no hay mucha claridad en este decreto, ahora la gente va a tener temor de salir por las noches y no es verdad que los lugares de expendio son los causantes de la delincuencia, eso van a tener que estudiarlo", dijo el comerciante.
En la zona baja, lugares como el Patrón Burguer que también amanece, la asistencia de personas disminuyó.
Pese a las quejas de comerciantes, las opiniones sobre la aplicación de las medidas antidelincuenciales están divididas entre los que favorecen las medidas y los que creen que serán infuncionales.
Mil guardias y policías estarán en las calles, pero esta mañana durante un recorrido pocos de estos fueron vistos en calles y avenidas de aquí.
- POR SANTIAGO GONZALEZ

Desmantelan punto venta drogas

SAN FRANCISCO DE MACORIS.- Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas desmantelaron ayer un puesto de distribución de drogas donde detuvieron a tres jóvenes, uno de ellos menor de edad, y ocuparon marihuana, crack, cocaína e implementos para la venta de estupefacientes.
En la calle Cuatro esquina 17 del barrio San Martín, donde operaba el punto de drogas, fueron apresados Delvin Manuel Meyrelis Fañas, Danny Manuel García Calderón y un menor de 16 años.
En el lugar fueron decomisadas 45 porciones de marihuana, 15 de crack y 11 de cocaína, además de dos radios de comunicación, una balanza digital y dinero en efectivo.
Asimismo, en el barrio Cumajón, de Nagua, los agentes antinarcóticos apresaron a Pedro Antonio de los Santos de la Cruz (Pachulo), tras ocuparle cinco libras de marihuana que llevaba en un bulto mientras viajaba en una motocicleta Honda C-70 que le fue ocupada.
Los agentes también ocuparon el motor BM-100 y otro Kawasaki que fueron dejados abandonados por varios hombres que acompañaban a De los Santos de la Cruz.
La droga ocupada y los detenidos están en la sede local de la División Nordeste de la DNCD.
- Por PEDRO FERNANDEZ

FA incautan 67 armas

Las Fuerzas Armadas incautaron anoche 67 armas de fuego, entre ellas cinco pistolas, en un operativo realizado conjuntamente con el programa de patrullaje mixto que realizan los cuerpos castrenses con la Policía.
Del mismo modo fueron recuperados un vehículo y ocho motocicletas en el operativo realizado en Monseñor Nouel. El vehículo es un Honda Civic gris placa A-346291.
El operativo fue dirigido por el J-2, con la integración de la unidad anti terrorista y la unidad élite de halcones de la Fuerza Aérea Dominicana.
Entre las armas hay cinco revólveres y siete escopetas que presentan irregularidades en sus documentos, y otras son ilegales.
Las armas ilegales serán enviadas a material bélico y las de documentaciones irregular a la Secretaría de Interior y Policía.
El mayor general Rafael Radhamés Ramírez Ferreiras, jefe del J-2, dijo que esos operativos de chequeo selectivo proseguirán en diferentes puntos del país, como aporte de las Fuerzas Armadas al programa de seguridad ciudadana y a la lucha contra la delincuencia.
El operativo de Monseñor Nouel fue dirigido por el subjefe del J-2, coronel Francisco Ovalle Pichardo.
En esa misma jornada fueron apresados 11 haitianos indocumentados que fueron entregados a la Dirección General de Migración

Wednesday, March 08, 2006

¿AUMENTA LA VIOLENCIA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA?

¿AUMENTA LA VIOLENCIA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA?

Mayra Brea de CabralPh.D. en Psicología, graduada en la Eötvös Lórand Tudomány Egyetem en Budapest, HungríaDirectora del Instituto de Psicología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo yprofesora del área de PsicologíaEdylberto Cabral RamírezPhD en Economía, Ex-rector de la UASD y Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales

Artículo Publicado 10 Junio 2005

Resumen
Los autores, partiendo de un concepto operacional de conducta violenta presentan las muertes no naturales o violentas de la década de los años 90-s. Analizan el aumento de la tasa de homicidio en la República Dominicana con relación a otros países Latinoamericanos. Externan críticas a posiciones excluyentes y pretenciosas de aminorar los niveles predominantes de violencia y a otros que apelan al impacto de los deportados - dominican yorks- como causa principal del aumento de la criminalidad dominicana de los últimos años. Enfocan el escaso gasto público gubernamental y su relación con la inseguridad ciudadana.
La Inseguridad Ciudadana en muchos países de América Latina constituye un tema de gran preocupación, ya que la violencia en sus diferentes modalidades, ha experimentado un notable incremento en muchas de nuestras naciones, generando lo que se denomina la "epidemia del presente siglo".
Para Alfred McAlister (1998) la violencia es "una de las amenazas más urgente a la salud y la seguridad pública". Nuestro país no escapa a la situación, tan acuciante, que ha merecido la atención de todos los sectores de la sociedad; además ha sido motivo de alarma durante todo el año del 1999, a través de los medios de comunicación y la prensa nacional.
En la República Dominicana como en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, los problemas de la violencia y la delincuencia y, por tanto, la inseguridad ciudadana, son asuntos importantes en la agenda de discusión nacional, dada la magnitud que han alcanzado. Son preocupantes sin embargo, las acciones que aplican en nuestro país tanto el sector oficial como el privado ante tan delicada cuestión; aún reconociendo los esfuerzos que se vienen realizando, se continúa actuando al margen de diagnósticos precisos, puesto que poseemos grandes dificultades en el registro y en las estadísticas de violencia y delincuencia (en consonancia con la época que vivimos, se impone un monitoreo más científico y un registro electrónico moderno de los datos); por otro lado, la inexistencia de políticas de investigación dirigidas al estudio de esta problemática social, caracterizados por la falta de recursos imprescindibles para la planificación y el logro de esos objetivos y del seguimiento a muchas actividades aisladas, a veces positivas que en ese sentido se inician, y no llegan a culminar, lo que por consecuencia lleva a la ausencia de estrategias adecuadas para el tratamiento que requiere la situación.
Para los fines de este trabajo se define la conducta violenta como el uso de la fuerza o la amenaza real e intencional de querer ocasionar daño a personas o grupos humanos. Dicho fenómeno es de gran complejidad, de etiología multicausal, cuyos factores desencadenantes, tanto biológicos (constitucionales, fisiológicos), como ambientales (individuales, familiares, socioculturales, políticos, etc.) difieren y cambian durante el proceso dinámico de su propia génesis e interacción multifactorial.
Por consiguiente, para estudiar la violencia como fenómeno social, se deben tomar en cuenta los enfoques integrales, epidemiológicos, multi y transdisciplinarios; además de que por sus consecuencias (altos costos económicos y pérdidas humanas cuantiosas) afecta directamente a la sociedad, y es considerado un mal o aberración social.
Se han enumerado múltiples formas de violencia, entre las que se mencionan las violencias: de género, infantil, política, psicológica, racial, sexual, física, laboral, doméstica, entre otras, dependiendo de las características, el tipo, los motivos, las personas afectadas, etc.
Hoy día se consideran relevantes aquellos estudios ecológicos que analizan los factores asociados a la violencia desde el punto de vista ambiental, entre los que se destacan: los efectos de la privación como demostración de las teorías psicosociales y explicativas de la "frustración-agresión"; igualmente los que relacionan la pobreza, la falta de oportunidades, los prototipos de desarrollo económico y social desequilibrados, la injusta distribución de las riquezas y desigualdades sociales con los altos niveles de violencia; los que se refieren a limitaciones de espacio y defensa territorial: las guerras entre naciones y los asuntos de superpoblación; los que atribuyen "crisis" y "defectos" en la socialización familiar (pérdida de valores sanos y tradicionales), en el aprendizaje de normas de comportamientos, creencias y actitudes culturales; no faltan además los que señalan el rol protagonista de los medios de comunicación de masas; el efecto del uso y abuso de drogas, la disponibilidad de armas de fuego y el mercantilismo utilitario de la sociedad moderna de consumo en relación con los nuevos esquemas de violencia de la humanidad.
No obstante, otros investigadores sociales como son los epidemiólogos, dedican grandes esfuerzos a investigar las muertes no naturales o "violentas", presentando panorámicas estadísticas que reflejan situaciones inherentes a los grupos sociales. En lo siguiente analizaremos las muertes no naturales y violentas, con énfasis en las que directamente son ocasionadas por actos de violencia.

Muertes No Naturales y "Violentas". Homicidios y Suicidios1
Las estadísticas dominicanas clasifican las muertes no naturales, también denominadas "muertes violentas" en: Electrocutamientos, ahogamientos, accidentes de tránsito, suicidios y homicidios. El carácter "violento" de las tres primeras causas de mortalidad en el país se refiere básicamente a lo abrupto, repentino de la acción, y a su carácter accidental; no obstante, en la gran mayoría de los homicidios se hace muy evidente la intencionalidad del daño, que como agente externo es causa de muerte, y se considera internacionalmente como "la expresión real" del nivel de violencia de un país o nación.
En República Dominicana, durante el período 1992-1998, la relación de muertes no naturales sobre el total de defunciones pasó de un 11.6% a un 15.4%, y, en general las muertes no naturales crecieron en un 41%. En detalle por orden de importancia, los aumentos fueron los siguientes:
Por electrocutamientos 99%;
Por ahogamientos 65%;
Por homicidios 39%;
Por accidentes de tránsito 36%; y
Por suicidios un 13%.
En 1998 las muertes por accidentes de tránsito constituyen el 43%, seguidas de un 29% de homicidios, 13% de ahogados, 9% de suicidios y 7% de electrocutados.

Tabla 1 - Muertes No Naturales Ocurridas de 1992-1998 En Rep. Dom.

Homicidio
Tránsito
Ahogo
Suicidio
Electroc.
1992
807
1222
308
302
135
1993
930
1304
360
311
162
1994
1005
1376
328
318
192
1995
1007
1477
360
351
210
1996
10032
1459
355
347
258
1997
1038
1588
337
376
233
1998
1131
1662
507
341
269






Crecimiento
39%
36%
65%
13%
99%

En el cuadro anterior puede apreciarse la frecuencia de las muertes no naturales del 1992 al 1998 y su crecimiento porcentual en esos últimos años.
_____________________________________
1.Datos extraídos de las Estadísticas Policiales de los últimos 20 años (informes anuales) y de informes solicitados a la Oficina Nacional de Estadística (ONE) de la República Dominicana.

El presente trabajo plantea responder las siguientes interrogantes

¿AUMENTA LA VIOLENCIA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA?

El presente trabajo plantea responder las siguientes interrogantes:
¿Es significativo el aumento de la violencia en nuestro país, tomando en consideración la tasa de mortalidad por homicidio como su máxima expresión?
¿Cuál es el grado de violencia que realmente experimenta la República Dominicana con respecto a los demás países del continente y la región?
¿Es un mito en la actualidad la inseguridad ciudadana?
Existe consenso en que para medir el grado de violencia que está experimentando un país, y poder compararlo en el contexto regional o mundial, el indicador más confiable es la tasa de mortalidad por homicidio (tasa promedio de homicidios por cada 100,000 habitantes).
A continuación presentamos los datos correspondientes a homicidios (frecuencias y tasa de mortalidad) de los años 1980-1984 y 1991-1998 ocurridos en el país.

Tabla 2 - Homicidios en la Rep. Dom. del 1980-1984 y 1991-1998.
Año
Tasa de Homicidio
Homicidio
Población Total
1980
9.3
533
5,696,852
1981
8.3
490
5,835,644
1982
8.8
527
5,977,871
1983
8.6
526
6,122,646
1984
9.2
582
6,269,081
1991
12.4
908
7,320,096
1992
10.8
807
7,470,533
1993
12.2
930
7,620,391
1994
12.9
1005
7,768,907
1995
12.7
1007
7,915,317
1996
12.8
1032
8,059,698
1997
12.6
1038
8,202,558
1998
13.4
1121
8,343,784
Gráfica 1

En la Tabla No.2 y Gráfico No. 1 se puede apreciar la incidencia de muertes por homicidios. Si se compara la frecuencia de los homicidios del año 1998, de 1,121 casos con respecto a la del 1980 de 533, se observa un incremento porcentual de 110%.
La tasa de homicidio (por cada 100,000 habitantes) que en 1981-1982 era de 9.1, en 1991-1992 subió a 11.6 y en 1997-1998 alcanzó el nivel de 13.
Conviene destacar que en el contexto mundial la tasa de homicidio de República Dominicana, es en sí misma, bastante elevada a finales de los años 80, puesto que el promedio alcanzado en los llamados países de alto desarrollo humano era de un 4.8% y en los países industrializados de un 5.4%.
Tabla 3 - Tasa de Homicidio en Países Latinoamericanos en 1980 y 1990
País
1980
1990
Colombia
20.5
89.5
Brasil
11.5
20
México
18.2
17.8
Venezuela
11.7
15.2
Panamá
2.1
11
Ecuador
6.4
10.30
Argentina
3.9
5
Costa Rica
5.7
4
Uruguay
2.6
4.4
Paraguay
5.1
4
Chile
2.6
3
Rep. Dom.
9.3
12

La Tabla No. 3 presenta datos comparativos de la tasa dominicana de homicidio con relación a 11 países del marco regional. Tal como se observa superamos las tasas promedios de homicidio de muchas subregiones de América Latina y el Caribe.
En la comparación con los países tomados como referencia, la República Dominicana ocupa en los años 1980 y 1990 el quinto lugar, más cerca de países como Brasil, México y Venezuela con tasas entre 15 y 20; que de Argentina, Costa Rica, Uruguay, Paraguay y Chile, cuyas tasas oscilan entre 3 y 5 por debajo o igual que las de los países más desarrollados del planeta.
Un hecho a destacar lo constituyen los homicidios con armas de fuego, los cuales han ascendido de un 30% en 1993 a un 43% en 1998. Esta forma de homicidio se convierte en 1998, de acuerdo a las estadísticas de muertes violentas de la ONE, en la más frecuente entre los homicidios, superando los casos reportados con armas blancas.
La cifra puede considerarse muy alta si la comparamos con la cifra de Colombia, donde se expresa de manera aguda la violencia política y delincuencial. En ese país, durante el año 1996 el 82% de sus homicidios fueron ejecutados con armas de fuego.
En resumen, partiendo de criterios basados en que la tasa de homicidio es un buen indicador de violencia extrema de un país, podemos dar respuesta a las interrogantes planteadas con anterioridad.
De acuerdo a los datos oficiales de que se dispone, las muertes no naturales en los últimos años se han incrementado significativamente, sobre todo las muertes que se producen a consecuencia de actos de violencia, demostrando ello señales patéticas del alto nivel de violencia que experimenta la República Dominicana; tal como puede observarse, el homicidio constituye la segunda causa de muertes no naturales o violentas que siguen las producidas por los accidentes de tránsito.
Hay quienes niegan, sin embargo, este incremento real de la tasa de homicidio en el país durante estos últimos años; son los que pregonan "cierta estabilidad" que supuestamente mantiene constantes los niveles de violencia en las últimas décadas; Son ellos, los que solo toman como válidos y exclusivos, aquellos datos y cifras estadísticas de homicidios, declarados como "voluntarios" a través de una sentencia judicial (casos sentenciados judicialmente), desechando de la categoría de homicidios a los que son "involuntarios" o con supuesta falta de intencionalidad;
Tal como expuso un alto representante y funcionario de la justicia dominicana en una disertación y posterior conversación sostenida durante el Foro Nacional de la Violencia, celebrado en agosto del 1999, en la cual refiere el caso de una señora que mató a su esposo sin la intención de cometer el hecho directamente contra él, que ocurrió debido a una riña por celos con otra mujer, cuando el marido se interpuso entre ambas, recibiendo éste una puñalada mortal que cercenó su vida. Este mismo ejemplo sirve de ilustración para demostrar la causalidad violenta que involucra el escenario del homicidio, ya sea conocido como "voluntario" o "involuntario"; su consecuencia muy evidente denota la intención consumada de ocasionar un daño (la muerte irremediable para el fallecido) a pesar de no lograr o alcanzar su objetivo primordial (la destrucción de la rival).
Muertes como esas deben ser catalogadas igualmente como homicidios para las estadísticas, aunque también consideremos importante tomar en cuenta la intencionalidad del sujeto, con fines de aminorar su castigo o sentencia, y diferenciarlas además de las muertes accidentales, debiéndose investigar sus motivos reales y pormenores de la acción en el menor tiempo posible, de tal manera que vaya más allá de las especulaciones o los simples criterios policiales;
La posición de excluir de las estadísticas generales los crímenes no procesados judicialmente, no es bien compartida por nosotros, ya que es harto conocido el caos judicial que impera en países como el nuestro, donde jueces y abogados entrampados del sistema judicial, son capaces de "fabricar" y "ejecutar" sentencias por dinero u otras prebendas y predomina la impunidad de los poderosos; la lentitud y precariedad de los procesos judiciales, donde la gran mayoría de los casos se acumulan años tras años sin conocer, y que por "falta de transporte" no son llevados los presos a tiempo ante la justicia, cumpliendo los inculpados en las cárceles decenas de años sin sentencia.
Considerando otros aspectos y teniendo en cuenta la complejidad del fenómeno de la violencia, se debe estudiar a fondo las características típicas de la violencia dominicana en sus diversas modalidades y formas de expresión, lo que pudiese arrojarnos luz sobre las particularidades tan especiales que comprende la problemática. Es también necesario que se adopten criterios más adecuados, se definan claramente los delitos, y se mejore el sistema de registro de las conductas violentas de la población.
En relación con la segunda cuestionante, que refiere el grado de violencia dominicana respecto a otros países del continente, ciertamente nos encontramos en sitiales de alto niveles de violencia que sobrepasan a muchos países de la región y del mundo, contrario al descenso que viene experimentándose en países como los EEUU, donde ha bajado considerablemente su tasa de homicidio.
Hay quienes pretenden atribuir el aumento desenfrenado de la violencia en algunos países centroamericanos, a las deportaciones masivas o política externa migratoria y de extradición de los EEUU, ya que, extranjeros que cometen delitos en ese territorio, son devueltos a sus respectivos países de origen, aún sin "rehabilitar" o "cumplir sentencias", y entre éstos, principalmente están los hispanos, y naturalmente también muchos dominicanos.
Recordemos que el 43% de las pandillas juveniles en los EEUU son de origen latino, lo que ha llegado a ocasionar un gran problema en el Salvador con grupos de pandilleros (la "Mara 18" y la "Mara Salvatrucha") deportados de los EEUU, quienes al regresar asumieron en su país muchas de las identidades y métodos criminales que habían adquirido en la Ciudad de Los Angeles.
En ese sentido se ha llegado a comentar con inusitada frecuencia, acerca del rol y la probabilidad de que el retorno de los miles de dominican-yorks repatriados al país (adiestrados en el crimen) pudiese influir en la aparición de métodos y técnicas de violencia nunca antes vistos en nuestra sociedad, y por lo tanto, a elevar en sentido general la violencia observada de los últimos años.
Si bien es válida la necesidad de estudiar a fondo la situación (características del deportado y su readaptación social) que nos permita apreciar el posible impacto que pueda tener en la criminalidad actual de nuestro país, no deja de ser menos cierto también, que este complejo fenómeno social es de carácter multicausal, ya que existen otras formas de aprendizajes para la adquisición de los métodos violentos, también importados y enajenados, como son los medios masivos de comunicación, tales como la televisión, el cine, etc., los que en su gran mayoría se dedican a transmitir y reforzar impunemente los "antivalores" de una sociedad violenta y moderna, mercantilista y explotadora de la sexualidad más degradante.
Ante la tercera pregunta, si constituye un mito la inseguridad ciudadana, debemos resaltar que fue motivo de gran preocupación para toda la ciudadanía, los horrendos hechos escenificados en el país a mediados y finales del año pasado, cuando aparentemente los niveles de delincuencia se desbordaron de lo normal, y que según datos extraoficiales, fueron ejecutados por la Policía Nacional en nuestras calles más de dos centenares de supuestos "bandoleros" o "delincuentes", adoptando los organismos de seguridad nacional la política de "mano dura" para combatir la criminalidad; política desacertada si no va acompañada de otras medidas preventivas y harto criticada por expertos en el área y las comisiones nacionales e internacionales de los Derechos Humanos.
Como todos sabemos, el estado es el responsable de velar por la seguridad de los ciudadanos, y una de las posibles causas del crecimiento incontrolado de la violencia delictiva en la República Dominicana es, quizás, el pobre gasto que a través del tiempo ha realizado el Gobierno en el logro de dichos objetivos.
En el período 1980-1986, el gasto por estos conceptos en el país descendió de un 0.7%, notablemente bajo, a un 0.5% del producto interno bruto (PIB). Entre 1986-1990 pasó del 0.5% al 0.4%, y entre 1990-1995 osciló entre 0.4% y 0.6%.
Si los costos relativos a la seguridad física de los ciudadanos, han sido tan limitadamente asumidos por el gobierno durante un largo período, es entonces evidente que, en gran medida, lo ha estado financiando la sociedad civil.
De esta manera, la Seguridad Ciudadana que debería ser un bien público, como la Educación y la Salud, se convierte en fuente de diferenciación entre los ricos que pueden pagar un sistema sofisticado y costoso de seguridad privado y los pobres, o muchos de clase media, que tienen que recurrir a múltiples formas de autodefensa que no siempre es efectiva.
Sin lugar a dudas, si el Estado o Gobierno quiere enfrentar el problema de la violencia, impulsando el desarrollo de las reformas y modernización del sistema penitenciario, policial y judicial, tiene que hacer cuantiosos gastos.
Es necesario destinar adecuados recursos para las grandes reformas y cambios de nivel policial (sanearla, modernizarla y convertirla en preventiva e investigativa); en el sistema penitenciario, para que las cárceles no sean centros de hacinamiento y de entrenamiento de fechorías, que puedan convertirse en regeneradoras, no meramente punitivas; y en el orden judicial para que los procesos judiciales sean ágiles, transparentes, que revele la importancia del ministerio público en el combate de la criminalidad y los altos niveles de violencia de nuestro país.
Y vale la pena porque se evitarían grandes pérdidas materiales y humanas y se preservaría la seguridad de los ciudadanos cuyo precio es incalculable.

Referencias

Aragena Martínez (1993).Adolescencia, Delincuencia y Drogas en Nuestra Sociedad. La Criminalización de la Pobreza en América Latina. Santo Domingo: Publicaciones de la UNICEF.
Cabral, Edylberto; Brea, Mayra. (1999). Violencia y Factores Socioeconómicos de Riesgo. República Dominicana en el Contexto de América Latina. Revista CañaBrava.23 (3) 9-11; 24 (3): 4-6.
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UNESCO (1998). Anuario Estadístico. EEUU: Unesco Publishing& Bernan Press.

¿AUMENTA LA VIOLENCIA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA?

El presente trabajo plantea responder las siguientes interrogantes:
¿Es significativo el aumento de la violencia en nuestro país, tomando en consideración la tasa de mortalidad por homicidio como su máxima expresión?
¿Cuál es el grado de violencia que realmente experimenta la República Dominicana con respecto a los demás países del continente y la región?
¿Es un mito en la actualidad la inseguridad ciudadana?
Existe consenso en que para medir el grado de violencia que está experimentando un país, y poder compararlo en el contexto regional o mundial, el indicador más confiable es la tasa de mortalidad por homicidio (tasa promedio de homicidios por cada 100,000 habitantes).
A continuación presentamos los datos correspondientes a homicidios (frecuencias y tasa de mortalidad) de los años 1980-1984 y 1991-1998 ocurridos en el país.

Tabla 2 - Homicidios en la Rep. Dom. del 1980-1984 y 1991-1998.
Año
Tasa de Homicidio
Homicidio
Población Total
1980
9.3
533
5,696,852
1981
8.3
490
5,835,644
1982
8.8
527
5,977,871
1983
8.6
526
6,122,646
1984
9.2
582
6,269,081
1991
12.4
908
7,320,096
1992
10.8
807
7,470,533
1993
12.2
930
7,620,391
1994
12.9
1005
7,768,907
1995
12.7
1007
7,915,317
1996
12.8
1032
8,059,698
1997
12.6
1038
8,202,558
1998
13.4
1121
8,343,784
Gráfica 1

En la Tabla No.2 y Gráfico No. 1 se puede apreciar la incidencia de muertes por homicidios. Si se compara la frecuencia de los homicidios del año 1998, de 1,121 casos con respecto a la del 1980 de 533, se observa un incremento porcentual de 110%.
La tasa de homicidio (por cada 100,000 habitantes) que en 1981-1982 era de 9.1, en 1991-1992 subió a 11.6 y en 1997-1998 alcanzó el nivel de 13.
Conviene destacar que en el contexto mundial la tasa de homicidio de República Dominicana, es en sí misma, bastante elevada a finales de los años 80, puesto que el promedio alcanzado en los llamados países de alto desarrollo humano era de un 4.8% y en los países industrializados de un 5.4%.
Tabla 3 - Tasa de Homicidio en Países Latinoamericanos en 1980 y 1990
País
1980
1990
Colombia
20.5
89.5
Brasil
11.5
20
México
18.2
17.8
Venezuela
11.7
15.2
Panamá
2.1
11
Ecuador
6.4
10.30
Argentina
3.9
5
Costa Rica
5.7
4
Uruguay
2.6
4.4
Paraguay
5.1
4
Chile
2.6
3
Rep. Dom.
9.3
12

La Tabla No. 3 presenta datos comparativos de la tasa dominicana de homicidio con relación a 11 países del marco regional. Tal como se observa superamos las tasas promedios de homicidio de muchas subregiones de América Latina y el Caribe.
En la comparación con los países tomados como referencia, la República Dominicana ocupa en los años 1980 y 1990 el quinto lugar, más cerca de países como Brasil, México y Venezuela con tasas entre 15 y 20; que de Argentina, Costa Rica, Uruguay, Paraguay y Chile, cuyas tasas oscilan entre 3 y 5 por debajo o igual que las de los países más desarrollados del planeta.
Un hecho a destacar lo constituyen los homicidios con armas de fuego, los cuales han ascendido de un 30% en 1993 a un 43% en 1998. Esta forma de homicidio se convierte en 1998, de acuerdo a las estadísticas de muertes violentas de la ONE, en la más frecuente entre los homicidios, superando los casos reportados con armas blancas.
La cifra puede considerarse muy alta si la comparamos con la cifra de Colombia, donde se expresa de manera aguda la violencia política y delincuencial. En ese país, durante el año 1996 el 82% de sus homicidios fueron ejecutados con armas de fuego.
En resumen, partiendo de criterios basados en que la tasa de homicidio es un buen indicador de violencia extrema de un país, podemos dar respuesta a las interrogantes planteadas con anterioridad.
De acuerdo a los datos oficiales de que se dispone, las muertes no naturales en los últimos años se han incrementado significativamente, sobre todo las muertes que se producen a consecuencia de actos de violencia, demostrando ello señales patéticas del alto nivel de violencia que experimenta la República Dominicana; tal como puede observarse, el homicidio constituye la segunda causa de muertes no naturales o violentas que siguen las producidas por los accidentes de tránsito.
Hay quienes niegan, sin embargo, este incremento real de la tasa de homicidio en el país durante estos últimos años; son los que pregonan "cierta estabilidad" que supuestamente mantiene constantes los niveles de violencia en las últimas décadas; Son ellos, los que solo toman como válidos y exclusivos, aquellos datos y cifras estadísticas de homicidios, declarados como "voluntarios" a través de una sentencia judicial (casos sentenciados judicialmente), desechando de la categoría de homicidios a los que son "involuntarios" o con supuesta falta de intencionalidad;
Tal como expuso un alto representante y funcionario de la justicia dominicana en una disertación y posterior conversación sostenida durante el Foro Nacional de la Violencia, celebrado en agosto del 1999, en la cual refiere el caso de una señora que mató a su esposo sin la intención de cometer el hecho directamente contra él, que ocurrió debido a una riña por celos con otra mujer, cuando el marido se interpuso entre ambas, recibiendo éste una puñalada mortal que cercenó su vida. Este mismo ejemplo sirve de ilustración para demostrar la causalidad violenta que involucra el escenario del homicidio, ya sea conocido como "voluntario" o "involuntario"; su consecuencia muy evidente denota la intención consumada de ocasionar un daño (la muerte irremediable para el fallecido) a pesar de no lograr o alcanzar su objetivo primordial (la destrucción de la rival).
Muertes como esas deben ser catalogadas igualmente como homicidios para las estadísticas, aunque también consideremos importante tomar en cuenta la intencionalidad del sujeto, con fines de aminorar su castigo o sentencia, y diferenciarlas además de las muertes accidentales, debiéndose investigar sus motivos reales y pormenores de la acción en el menor tiempo posible, de tal manera que vaya más allá de las especulaciones o los simples criterios policiales;
La posición de excluir de las estadísticas generales los crímenes no procesados judicialmente, no es bien compartida por nosotros, ya que es harto conocido el caos judicial que impera en países como el nuestro, donde jueces y abogados entrampados del sistema judicial, son capaces de "fabricar" y "ejecutar" sentencias por dinero u otras prebendas y predomina la impunidad de los poderosos; la lentitud y precariedad de los procesos judiciales, donde la gran mayoría de los casos se acumulan años tras años sin conocer, y que por "falta de transporte" no son llevados los presos a tiempo ante la justicia, cumpliendo los inculpados en las cárceles decenas de años sin sentencia.
Considerando otros aspectos y teniendo en cuenta la complejidad del fenómeno de la violencia, se debe estudiar a fondo las características típicas de la violencia dominicana en sus diversas modalidades y formas de expresión, lo que pudiese arrojarnos luz sobre las particularidades tan especiales que comprende la problemática. Es también necesario que se adopten criterios más adecuados, se definan claramente los delitos, y se mejore el sistema de registro de las conductas violentas de la población.
En relación con la segunda cuestionante, que refiere el grado de violencia dominicana respecto a otros países del continente, ciertamente nos encontramos en sitiales de alto niveles de violencia que sobrepasan a muchos países de la región y del mundo, contrario al descenso que viene experimentándose en países como los EEUU, donde ha bajado considerablemente su tasa de homicidio.
Hay quienes pretenden atribuir el aumento desenfrenado de la violencia en algunos países centroamericanos, a las deportaciones masivas o política externa migratoria y de extradición de los EEUU, ya que, extranjeros que cometen delitos en ese territorio, son devueltos a sus respectivos países de origen, aún sin "rehabilitar" o "cumplir sentencias", y entre éstos, principalmente están los hispanos, y naturalmente también muchos dominicanos.
Recordemos que el 43% de las pandillas juveniles en los EEUU son de origen latino, lo que ha llegado a ocasionar un gran problema en el Salvador con grupos de pandilleros (la "Mara 18" y la "Mara Salvatrucha") deportados de los EEUU, quienes al regresar asumieron en su país muchas de las identidades y métodos criminales que habían adquirido en la Ciudad de Los Angeles.
En ese sentido se ha llegado a comentar con inusitada frecuencia, acerca del rol y la probabilidad de que el retorno de los miles de dominican-yorks repatriados al país (adiestrados en el crimen) pudiese influir en la aparición de métodos y técnicas de violencia nunca antes vistos en nuestra sociedad, y por lo tanto, a elevar en sentido general la violencia observada de los últimos años.
Si bien es válida la necesidad de estudiar a fondo la situación (características del deportado y su readaptación social) que nos permita apreciar el posible impacto que pueda tener en la criminalidad actual de nuestro país, no deja de ser menos cierto también, que este complejo fenómeno social es de carácter multicausal, ya que existen otras formas de aprendizajes para la adquisición de los métodos violentos, también importados y enajenados, como son los medios masivos de comunicación, tales como la televisión, el cine, etc., los que en su gran mayoría se dedican a transmitir y reforzar impunemente los "antivalores" de una sociedad violenta y moderna, mercantilista y explotadora de la sexualidad más degradante.
Ante la tercera pregunta, si constituye un mito la inseguridad ciudadana, debemos resaltar que fue motivo de gran preocupación para toda la ciudadanía, los horrendos hechos escenificados en el país a mediados y finales del año pasado, cuando aparentemente los niveles de delincuencia se desbordaron de lo normal, y que según datos extraoficiales, fueron ejecutados por la Policía Nacional en nuestras calles más de dos centenares de supuestos "bandoleros" o "delincuentes", adoptando los organismos de seguridad nacional la política de "mano dura" para combatir la criminalidad; política desacertada si no va acompañada de otras medidas preventivas y harto criticada por expertos en el área y las comisiones nacionales e internacionales de los Derechos Humanos.
Como todos sabemos, el estado es el responsable de velar por la seguridad de los ciudadanos, y una de las posibles causas del crecimiento incontrolado de la violencia delictiva en la República Dominicana es, quizás, el pobre gasto que a través del tiempo ha realizado el Gobierno en el logro de dichos objetivos.
En el período 1980-1986, el gasto por estos conceptos en el país descendió de un 0.7%, notablemente bajo, a un 0.5% del producto interno bruto (PIB). Entre 1986-1990 pasó del 0.5% al 0.4%, y entre 1990-1995 osciló entre 0.4% y 0.6%.
Si los costos relativos a la seguridad física de los ciudadanos, han sido tan limitadamente asumidos por el gobierno durante un largo período, es entonces evidente que, en gran medida, lo ha estado financiando la sociedad civil.
De esta manera, la Seguridad Ciudadana que debería ser un bien público, como la Educación y la Salud, se convierte en fuente de diferenciación entre los ricos que pueden pagar un sistema sofisticado y costoso de seguridad privado y los pobres, o muchos de clase media, que tienen que recurrir a múltiples formas de autodefensa que no siempre es efectiva.
Sin lugar a dudas, si el Estado o Gobierno quiere enfrentar el problema de la violencia, impulsando el desarrollo de las reformas y modernización del sistema penitenciario, policial y judicial, tiene que hacer cuantiosos gastos.
Es necesario destinar adecuados recursos para las grandes reformas y cambios de nivel policial (sanearla, modernizarla y convertirla en preventiva e investigativa); en el sistema penitenciario, para que las cárceles no sean centros de hacinamiento y de entrenamiento de fechorías, que puedan convertirse en regeneradoras, no meramente punitivas; y en el orden judicial para que los procesos judiciales sean ágiles, transparentes, que revele la importancia del ministerio público en el combate de la criminalidad y los altos niveles de violencia de nuestro país.
Y vale la pena porque se evitarían grandes pérdidas materiales y humanas y se preservaría la seguridad de los ciudadanos cuyo precio es incalculable.

Referencias

Aragena Martínez (1993).Adolescencia, Delincuencia y Drogas en Nuestra Sociedad. La Criminalización de la Pobreza en América Latina. Santo Domingo: Publicaciones de la UNICEF.
Cabral, Edylberto; Brea, Mayra. (1999). Violencia y Factores Socioeconómicos de Riesgo. República Dominicana en el Contexto de América Latina. Revista CañaBrava.23 (3) 9-11; 24 (3): 4-6.
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UNESCO (1998). Anuario Estadístico. EEUU: Unesco Publishing& Bernan Press.

Violencia en la Republica Dominicana

VIOLENCIA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
VIOLENCIA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA: TENDENCIAS RECIENTES

Dr. Edylberto Cabral Ramírez*Dra. Mayra Brea de Cabral**

* Economista, Ex-Rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).** Psicóloga, Ph.D. Directora del Instituto de Psicología (IPSU) y profesora de la UASD. Universidad Autónoma de Santo Domingo, R. D.República Dominicana

Artículo Publicado: 2/12/2003
Resumen
Se analiza el incremento de la tasa de homicidio de los últimos años en la República Dominicana y se compara con la de otros países de la región. Se hace alusión a diferentes manifestaciones de violencia delictiva predominantes y al marco socioeconómico y psicosocial que los caracteriza como factores de riesgo. Se hace referencia al costo socioeconómico de la violencia y al gasto social como deber del Estado, responsable primordial de la seguridad de los ciudadanos. Se introduce el concepto de violencia inercial para mostrar la resistencia del fenómeno frente al crecimiento económico experimentado en el país. Los autores exteriorizan su preocupación respecto al crecimiento de la criminalidad, la falta de políticas públicas preventivas y la carencia de planes dirigidos a controlar el aumento acelerado de la violencia criminal en la nación caribeña.

INTRODUCCIÓN
En la actualidad en República Dominicana los niveles de violencia y delincuencia son relativamente altos con relación a los parámetros internacionales. Desafortunadamente, en los sectores oficiales dominicanos, cada vez que se plantea la magnitud del fenómeno, se recurre para subestimarlo, a las cifras que en este sentido presentan algunos países latinoamericanos. Se soslaya en cambio lo principal, de que América Latina es hoy por hoy la región donde se registran los índices más elevados de violencia, olvidándose, además, de lo más significativo, de que esta situación de particular gravedad con dos excepciones - Colombia y El Salvador- se ha venido creando en las dos últimas décadas.
La violencia y sobre todo la delincuencia en Latinoamérica crecieron paralelamente con la profunda crisis económica de la década de los años ochenta. Llama la atención, sin embargo, que las acciones delictivas y violentas crecieran sensiblemente en la región, incluso en el primer lustro de la década de los noventa a pesar de los altos ritmos de expansión y de estabilidad macroeconómica que experimentó la economía latinoamericana.
La presencia de esta " inercia criminal" ha mostrado lo ineficaz de las políticas públicas en el contexto regional y sugiere en consecuencia el análisis y la comprensión del fenómeno de la criminalidad de manera menos ortodoxa.
La violencia dominicana, aunque no es comparable con las más altas magnitudes de la delincuencia criminal latinoamericana (casos realmente extremos), triplica los promedios mundiales que son considerados "normales", lo que es por demás, motivo de gran preocupación entre los dominicanos. Resulta difícil de encontrar, tanto en la capital como en cualquiera de sus ciudades principales, a una familia que no haya sido afectada directa o indirectamente por la delincuencia. Más preocupante aún, si juzgamos las tendencias de los últimos cinco años.
La "inercia criminal" se manifiesta en la República Dominicana de manera peculiarmente vigorosa, precisamente cuando se registran las tasas más elevadas de crecimiento del producto per cápita de los últimos veintitrés años, las que han estado acompañadas de baja inflación, de reducción considerable del desempleo y como lo atestiguan las encuestas oficiales, se registran cambios favorables en el volumen y en la calidad del consumo de la mayoría de los dominicanos.
Aun cuando se reconoce que se trata de un fenómeno social complejo, multidimensional y multicausal, la delincuencia criminal en la República Dominicana se sigue abordando desde perspectivas tanto oficial como privada, al margen de un diagnóstico objetivo y preciso, y de una real estrategia nacional. Se enfrenta la problemática, además, de manera dispersa, que toma más en consideración los aspectos coyunturales que los estructurales e institucionales. Los resultados a mediano plazo han sido, sin lugar a dudas, a todas luces contraproducentes.
En consecuencia, las perspectivas de la situación dominicana no son nada halagüeñas. El costo económico, social, político, humano y ético crecerá geométricamente de continuar ejecutándose las políticas que son llevadas a cabo hasta la fecha.
MAGNITUD DE LA VIOLENCIA EN REPÚBLICA DOMINICANA
La tasa de homicidio (número de homicidios por cada 100,000 habitantes) en República Dominicana para el año 1994-95 es de 13, cifra esta que duplicaba y triplicaba los promedios de las naciones de Europa, Asia, Oceanía y Norteamérica. Por otro lado, casi triplicó el promedio de los países de alto ingreso, que de manera constante se ha mantenido alrededor de 5 homicidios por cada 100,000 habitantes. (E. Cabral & M. Brea, 1999).
En la comparación regional, sin embargo, dicha tasa de homicidio no luce tan alta. La tasa promedio en la región latinoamericana se calcula en 20 por 100,000, lo que indiscutiblemente se encuentra por encima de la dominicana. Debemos subrayar, sin embargo, que América Latina posee la tasa más elevada de todas las regiones del mundo.
En la comparación con los demás países latinoamericanos podríamos ubicar a nuestro país en una franja "alta" en relación con los niveles mundiales normales, pero todavía alejada de la mayoría de los países latinoamericanos. La siguiente tabla nos puede ilustrar gráficamente la situación.

Tabla No. 1. Clasificación de 19 países latinoamericanos segúnla magnitud de la Tasa de Homicidio del 1995.
Fuentes: Cuadro propio construido en base a diversas fuentes consultadas (Informes del PNUD 1998 y 1999, informes de la CEPAL del 1998 y otras).
Esa relatividad de los índices de criminalidad en el contexto regional, es lo que conduce frecuentemente a muchos, sobre todo del sector oficial, a restar importancia a la magnitud del fenómeno de la violencia en territorio dominicano.
En Estados Unidos, sin embargo, la persistencia en el período 1970-1980, de tasas oscilantes alrededor de 10 homicidios por 100,000 habitantes creó un verdadero pánico, sobre todo que durante casi todo el período de la posguerra prevaleció una tasa cercana al 5 x 100,000.
CARACTERÍSTICAS Y TENDENCIAS RECIENTES
Las muertes no naturales empiezan a tener un peso significativo dentro del total de las defunciones en República Dominicana. En el año 1999 constituían el 15% de la totalidad de las defunciones ocurridas.
La primera causa de muertes no naturales son los accidentes de tránsito que crecen en el período 1992-1999 a un ritmo de 6% promedio anual. La segunda causa está constituida por los homicidios, que en el período citado crecen al mismo ritmo que las muertes por accidentes de tránsito (6%).
Otras causas de muertes no naturales, entre ellas los suicidios, los ahogamientos y los electrocutamientos también han crecido en su conjunto con mayor rapidez que la población. Para el año 1999 en la composición de las muertes no naturales la distribución fue la siguiente: los accidentes de tránsito 45%, los homicidios 30% y los restantes 25%. (E. Cabral & M. Brea, 1999).
Es importante destacar que los homicidios con armas de fuego, en un período relativamente corto de solo seis años, ascendieron de un 30% en 1993 a un 51% en el 1999. La proliferación de las armas de fuego indiscutiblemente se ha convertido en un factor coyuntural catalizador del crecimiento de la violencia y la delincuencia en el país. La gravedad del asunto puede percibirse no solo en la gran parte de la población que legalmente porta un arma de fuego sino en la gran cantidad que las posee ilegalmente.
Según los reportes de la Policía Nacional, en el período 1993-97 fueron sometidos por actos violentos un total de 391,661 personas. Esto supone 78,333 personas por año. Por otro lado, la población reclusa en el 1999 era de 15,251, lo que representa una tasa de 180 reclusos por cada 100,000 habitantes, cifra muy alta si es comparada en el contexto regional.
En dicha población el 29% estaba recluida por el delito de robo y asociación de malhechores; el 27% por drogas; el 23% por homicidio; el 8% por violencia sexual y el restante 13% por diversas causas. (Policía Nacional, anuarios del 1993-1999).
Llama la atención el hecho de que las drogas también en la década de los noventa se ha convertido en otro de los factores catalizadores de la violencia criminal. Mientras en los hombres recluidos (94% del total reclusos) las causas se repartían casi por igual entre robos, drogas y homicidios, en las mujeres (4%) y en los menores ( 2%) las drogas constituían la principal causa de reclusión, en las mujeres exactamente el 53% y en los menores el 27% como segunda causa de reclusión.
Para que pueda comprenderse el auge y los efectos de las drogas en la República Dominicana, en los últimos años, señalemos que en el período 1990-94 el número de personas sometidas por drogas fue de 1,783 y en los años comprendidos entre 1995-1999 fue de 6,139, es decir, más del triple de la cantidad del cuatrienio anterior. (Policía Nacional, anuarios del 1990-1995 y datos de la Dirección Nacional de Control de Drogas, 1990- 1999).
Es indudable que la proliferación de las armas de fuego y el auge de las actividades relacionadas con la venta y consumo de drogas son dos factores que contribuyen a explicar la expansión de la violencia y la delincuencia de los últimos años en nuestro país.
EVOLUCIÓN DE LA TASA DE HOMICIDIO (1981-1999)
Analizando más de cerca el comportamiento de las cifras estadísticas y las tasas de homicidio en las dos últimas décadas, se muestran aspectos muy importantes de la evolución de la violencia en el país.
El número de homicidios que para el año 1981 era de 490 se elevó en el año 1999 a 1,212, lo que significa un incremento en el promedio anual de 5.2%, es decir, casi triplica el incremento poblacional que fue de 2.1% en el mismo intervalo de tiempo.
En el llamado período de la década perdida (años 80), el crecimiento del número de homicidios fue de 6.4% de promedio anual, y en la década de los noventa de 3.7%. Se destaca en la última década una reducción en el ritmo de crecimiento, pero aun así, dicha tasa se coloca muy por encima del crecimiento de la población. De ahí que la tasa de homicidio pasara de 8.3 en 1981 a 12.4 en el 1991, y posteriormente a 14.3 en el 1999. Este salto cuantitativo puede ser observado en la Tabla No. 2.

Tabla No. 2. Tasa de Homicidio x 100,000 Habitantes en la República Dominicana del 1981-1984 y 1991-1999.
Año
Tasa de Homicidio
Homicidios
Población Total
1981
8.3
490
5,835,644
1982
8.8
527
5,977,871
1983
8.6
526
6,122,646
1984
9.2
582
6,269,081
1991
12.4
908
7,320,096
1992
10.8
807
7,470,533
1993
12.2
930
7,620,391
1994
12.9
1,005
7,768,907
1995
12.7
1,007
7,915,317
1996
12.8
1,032
8,059,698
1997
12.6
1,038
8,202,558
1998
13.4
1,121
8,343,784
1999
14.3
1,212
8,483,260
Fuentes: Cuadro propio construido con datos poblacionales de la Oficina Nacional de Estadísticas del 1981 al 1999 e informes anuales de la Policía Nacional en la misma fecha.
COMPARACIÓN HEMISFÉRICA DE LA EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE HOMICIDIO
Veamos la evolución de la tasa de homicidio dominicana con respecto a otros países de América Latina y los Estados Unidos. En la comparación histórica podemos percibir con cierta claridad el origen del incremento sin precedentes de la violencia delictiva en algunos países latinoamericanos.
Como se puede observar en la Tabla No. 3, a comienzos de los años 80, a excepción de Colombia, Venezuela, México y Brasil, los países latinoamericanos tenían tasas de homicidio por debajo de la tasa de los Estados Unidos y cerca de la tasa promedio de los países desarrollados, que se ha mantenido estable a todo lo largo del período señalado. Esto refuta la tesis de algunos tratadistas del fenómeno en Latinoamérica, quienes califican la violencia de la región como un problema de tipo cultural. (Basado en los informes de la CEPAL hasta el 1998 y del PNUD hasta el 1999).
Mientras Estados Unidos reduce a lo largo del período su tasa de homicidio, todos los países de América Latina la elevan, alcanzando la mayoría tasas de dos dígitos.
Es importante subrayar que la tendencia predominante en la década de los noventa fue el recrudecimiento de la violencia, pese a la mejoría relativa en las condiciones de vida de la población respecto a la década anterior. Incluso, países muy conocidos por los niveles educativos de su población y por el clima de tranquilidad que se respiraba en sus más importantes ciudades, como el caso de Argentina y Costa Rica, ingresan al grupo de países con tasas de homicidio que duplican los promedios mundiales.
Tabla No. 3. Evolución de las Tasas de Homicidios en Algunos Países Seleccionados de América.
País
1980
1990
1995
1999
1980-95 (Variación)
1980-99 (Variación)
USA
10
9
8
6
-2
-4
República Dominicana
8
12
13
14
5
6
Argentina
4
5
7
10
3
6
Colombia
20
89
79
-
59
-
Venezuela
12
15
22
-
10
-
Brasil
11
20
30
-
19
-
Chile
3
3
5
-
2
-
Uruguay
3
4
6
-
3
-
México
18
18
19
-
1
-
Panamá
2
11
12
-
10
-
Ecuador
6
10
18
-
12
-
Perú
2
11
10
-
8
-
Costa Rica
6
5
10
-
4
-
Paraguay
5
4
18
-
13
-
Promedio de los Países Desarrollados
5
5
5
5
0
Fuente: Cuadro propio construido en base a los informes de la CEPAL hasta el 1998 e informes del PNUD hasta el 1999.
COSTOS ECONÓMICOS DE LA VIOLENCIA

VIOLENCIA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

COSTOS ECONÓMICOS DE LA VIOLENCIA
Uno de los aspectos que hay que tener en consideración en relación con el tema de la violencia es el alto costo económico que implica. Costos que son mayores a medida que crece la espiral de la violencia y la delincuencia.
Se estima que en los países de mayores tasas de homicidio en el continente, como son los casos de Colombia y El Salvador, los costos económicos superan el 25% del Producto Interno Bruto (PIB) de ambos países, lo que significa que la violencia absorbe la cuarta parte de del valor agregado bruto de la población.
En la región latinoamericana donde la tasa promedio de homicidio se calcula alrededor de 20, los costos económicos se estiman en alrededor del 14% del PIB regional.
En Venezuela y México con tasas de homicidio que oscilan entre 19 y 22 en 1995, se estimaron los costos económicos de la violencia iguales al 12% del PIB.
En Estados Unidos, donde la tasa de homicidio es alrededor de 9 en el año 1992, el costo económico ya era de un 7.2% del PIB.
Siendo cierta la afirmación de que las técnicas de medición de los costos de la delincuencia no están muy avanzadas, y que difícilmente pueda tener en cuenta en su verdadera magnitud aspectos cualitativos de la problemática de la violencia, los cálculos hechos hasta ahora nos permiten evaluar cómo la violencia criminal va convirtiéndose en uno de los obstáculos más poderosos al crecimiento y desarrollo equilibrado de los países latinoamericanos.
La lucha contra la violencia y la delincuencia tiene además un contenido ético. La sociedad sufre una grave derrota moral tanto del lado de las víctimas, como de los victimarios, cuando una parte tan importante de su población se lesiona física, económica y psicológicamente o cuando niños, adolescentes y jóvenes se incorporan a la vida delictiva, unos por problemas de supervivencia económica y social, y otros, sin más criterios que no sean los de obtener bienes y dinero de forma rápida y fácil. (E. Cabral & M. Brea, 1999).
Los elevados costos económicos y éticos de la violencia son los que nos permiten adoptar en estas circunstancias la frase de "la rentabilidad de la paz".
FACTORES SOCIOECONÓMICOS DE RIESGO
Aunque la violencia es un fenómeno multidimensional y multicausal, es indiscutible la relación que guarda la violencia con la situación socioeconómica de la población, sobre todo, en países que viven intensos procesos de urbanización y/o de migración hacia el exterior (Brea & Cabral, 2000). Para poder apreciar los vínculos entre la violencia y los factores socioeconómicos de riesgo se presenta la tabla No. 4, en la que se relaciona la tasa de homicidio con los siguientes indicadores: nivel de ingreso, distribución del ingreso a nivel urbano (Gini), línea de pobreza, niveles de educación y de empleo, gasto social per cápita y gasto social en relación al Producto Interno Bruto (PIB).
Tabla No. 4. Relación entre la tasa de homicidio (1991) y algunas variables socioeconómicas de 10 países de América Latina (1995 y 1997).
FUENTE: 1- PANORAMA SOCIAL 1998, CEPAL2. INFORME MUNDIAL SOBRE LA EDUCACION 1998, UNESCO
Tal como puede observarse, los países de mayores ingresos per cápita como Argentina, Uruguay y Chile son los que presentan menores tasas de homicidio. De los tres, sin embargo, es Uruguay el que presenta mejores indicadores sociales en armonía con su nivel relativamente alto de ingreso.
La situación cambia en cuanto a México y Brasil, ya que a pesar de que poseen un relativamente alto nivel de ingreso per cápita, sus tasas de homicidio son bastante elevadas. En México puede relacionarse con la alta población que se encuentra en la línea de la pobreza urbana (37.5 %) y con el analfabetismo (10.4%), y de igual manera con el bajo nivel del gasto social per cápita (7.8%). En el caso de Brasil, que tiene la peor distribución del ingreso (Gini urbano de 0.538) entre los diez países seleccionados, y con la segunda más alta tasa de analfabetismo (16.7 %). (Informes de la CEPAL, Banco Mundial, y de la UNESCO hasta 1998).
En los cinco países que siguen en cuanto al ingreso per cápita, es decir, Panamá, Venezuela, Costa Rica, Colombia y República Dominicana, se acentúa más la estrecha relación entre los niveles de violencia y la magnitud de la pobreza.
Es importante destacar la heterogeneidad entre los países en cuanto al gasto social/PIB, lo que muestra el esfuerzo real de cada país por enfrentar los problemas sociales.
Países de alto ingreso como Argentina, Uruguay y Brasil destinan el 18%, el 22% y el 20% respectivamente del PIB al gasto social. En cambio en Chile un 14% y en México apenas un 8% son destinados al gasto social. En los países de menor ingreso entre ellos Panamá y Costa Rica se destina un 22 y 21% respectivamente; en Colombia un 15%; en Venezuela un 8% y en la República Dominicana apenas un 6%.
Los casos de Uruguay y Costa Rica no sólo llaman la atención por ser países pequeños de la región, sino además por la armonía de los indicadores bajo estudio, donde sus tasas de homicidio tradicionalmente se han encontrado por debajo del promedio de los países desarrollados, tienen la mejor distribución del ingreso, una relativa y escasa población por debajo de la línea de pobreza; excelentes índices educativos y una política social consecuente y sostenida. Sin embargo, en los últimos años, la tasa de homicidio en Costa Rica se ha convertido en una tasa bastante elevada. Dos fenómenos parecen explicar esta situación. El primero se refiere al cambio de su modelo de desarrollo económico, lo que provoca una estructura más desigual del ingreso y la riqueza, y en segundo lugar a las grandes inmigraciones desde países cercanos que tienen un alto grado de violencia y delincuencia.
En sentido general, los países donde se combinan los tres factores: alto ingreso per cápita, mejor distribución del ingreso (menor índice de Gini) y menor población viviendo en la línea de la pobreza, se caracterizan por tener tasas más bajas de violencia. Resulta interesante, además, conocer la estrecha relación que existe entre la tasas de homicidio, los niveles de pobreza y el gasto social, sobre todo el gasto social en su relación con el PIB.
EL CASO DOMINICANO
La República Dominicana tiene una tasa de homicidio de dos dígitos, lo que se corresponde con la inadecuada distribución del ingreso y gran población por debajo de la línea de pobreza. Esta situación no puede ser explicada únicamente sobre la base del nivel de su ingreso/cápita, el menor dentro del grupo de países mencionados. Si observamos la Tabla No. 4, encontramos que nuestro país ocupa el décimo o último lugar en cuanto a los niveles de educación, tasa de desempleo, gasto social per cápita y gasto social/PIB. Si realizamos la comparación con Costa Rica, país que ocupa el cuarto lugar en la clasificación de países, notamos la formación muy favorable de sus más importantes indicadores sociales, para caracterizarla con bajos niveles de criminalidad. En el caso de la República Dominicana todas las variables socioeconómicas parecen justificar las altas tasa de violencia y la tendencia a seguir incrementándose aceleradamente.
CRECIMIENTO ECONÓMICO Y EVOLUCIÓN DE LA VIOLENCIA. LA INERCIA CRIMINAL.
En la teoría económica sobre la delincuencia se explica que existe una relación inversa entre el comportamiento de la economía y la delincuencia, de tal forma que si la economía crece, la violencia y la delincuencia tienden a decrecer y viceversa, ceteris paribus.
En República Dominicana durante los períodos 1981-1984 y 1984-1991 el PIB real per CÁPITA decreció (-0.1 y -0.3 respectivamente) y en ambos intervalos la tasa de homicidio creció (3.5% y 4.4% respectivamente), tal como puede ser apreciado en la Tabla No. 5. (tomado de los informes del Banco Central de la República Dominicana hasta el 1998 y 1999).
Tabla No. 5. Crecimiento Económico (Incremento porcentual del PIB/CÁPITA real ) y Evolución de la Violencia en República Dominicana (Variación porcentual promedio anual)
Períodos
Incremento % del PIB/CÁPITA real
Incremento % de la Tasa de Homicidio
1981-1984
-0.1
3.5
1984-1991
-0.3
4.4
1991-1995
3.3
0.6
1995-1999
6.3
3.0
1981-1991
-0.2
4.1
1991-1999
4.8
1.8
1981-1999
2.0
3.1
Fuente: Cuadro propio construido en base a los informes del Banco Central hasta el 1998 y 1999; los informes de la Oficina Nacional de Estadísticas y los anuarios de la Policía Nacional hasta el 1999.
En el tercer sub-período (1991-1995), el PIB/CÁPITA crece en 3.3 y la tasa de violencia vuelve a crecer (0.6), aunque lo hace a un ritmo sensiblemente menor que anteriormente.
Sin embargo, el comportamiento de ambas variables en el período 1995-1999, cuando el PIB/CÁPITA crece en una tasa notablemente alta (6.3) y la tasa de homicidio, en vez de disminuir su ritmo de crecimiento, se eleva a niveles muy parecidos al sub-período 1981-1984.
Es decir, la tasa de homicidio crece independientemente del crecimiento del PIB/CÁPITA. Este fenómeno "anormal" que se da en nuestro país lo denominamos "Violencia Inercial", término usado por otros autores como "inercia criminal" (Fajnzylber et al., citado por Perry, Guillermo, 2000), ya que va en una dirección diferente a lo que predicen las teorías económicas sobre el comportamiento antisocial, mostrando la violencia una gran resistencia para decrecer, a pesar de que son mejorados algunos de sus factores condicionantes que la mantienen en cierto nivel.
A todo lo largo del período 1981-1999 (último en el recuadro), se constata un crecimiento del PIB/CÁPITA de2.0 y por debajo del crecimiento de la tasa de homicidio de 3.1, afectada por el influjo determinante de la década perdida. En la década de los noventa, el crecimiento no fue lo suficientemente vigoroso como para poder superar los efectos de la década anterior.
La pregunta que nos preocupa es si a mediano plazo la tasa de homicidio crecerá como en el período 1995-1999, ritmo que podría ser mucho mayor si la economía, tal como se proyecta actualmente, creciese en los próximos cinco años a una tasa menor que el período 1991-1995.
De ser así, la República Dominicana podría deslizarse hacia el grupo de países de alta violencia, con tasas de homicidio entre un 18 y un 20%.
SE NECESITA UN CAMBIO DE POLÍTICAS
En la República Dominicana, como en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, los problemas de la violencia y la delincuencia y, por tanto, la inseguridad ciudadana, han dejado de ser simples asuntos en la agenda nacional y se han convertido en problemas sociales de mucha importancia y gravedad.
Las muertes accidentales, los homicidios y suicidios, los robos, atracos y asaltos, los secuestros, el consumo y tráfico de drogas, la violencia intra-familiar, el maltrato y abuso de menores, han crecido a un grado tal, que demandan atención prioritaria para su rápido control.
Sin lugar a dudas que el bajo nivel de ingreso, acompañado de un modelo de crecimiento o desarrollo que favorece una distribución del ingreso muy injusta, elevados niveles de pobreza y políticas sociales de poca eficacia, han contribuido a la elevación de las tasas de violencia y delincuencia hoy presentes en la sociedad dominicana.
A todo esto hay que agregar el impacto de los factores contribuyentes como la urbanización anárquica, el alcoholismo, la proliferación de las armas de fuego y el tráfico y consumo de drogas que dan nuevos impulsos a la aparición de los delitos o conductas indeseables. En el caso dominicano se agrava la situación, dados los elevados niveles de desempleo y el alto índice de analfabetismo.
Preocupa, sobre todo, el tipo de respuesta que tanto el sector oficial como el privado aplican al enfrentar tan compleja y delicada cuestión, reconociendo el esfuerzo que algunas instituciones nacionales están realizando de manera aislada, se continúa actuando al margen de diagnósticos precisos que podría dar luz sobre cómo abordar la situación, y en consecuencia con ausencia de políticas adecuadas.
Se hace necesario tomar conciencia del elevado costo económico, social, político y ético que conlleva este estilo de acción espontánea e improvisada, tanto para el Estado como principal responsable de la seguridad de los ciudadanos, como para todos los sectores de la sociedad amantes de la paz y del progreso del país.
Hasta ahora el Estado ha asumido una responsabilidad en el crecimiento económico a través del gasto de inversión, del pago de la deuda externa y ha mantenido muy baja la presión fiscal como incentivo al desarrollo del sector empresarial nacional y extranjero. El Estado sin embargo, ha descuidado el gasto social en educación, salud y seguridad social y el gasto público en materia de orden y justicia.
Urge la creación de condiciones favorables que garanticen la seguridad ciudadana en el sentido amplio de la palabra. Para lograrlo, debe enfrentarse la pobreza con energía, se debe mejorar de manera eficaz la educación, la salud, crear más oportunidades de trabajo, fortalecer los mecanismos que preserven el orden público, sanear cada vez más la policía y la justicia y enfrentar con firmeza el flagelo del narcotráfico. En general, enfrentar la pobreza con planes integrales de desarrollo y mejorar las instituciones públicas para hacerlas más estructurales y funcionales.
Una de las causas del crecimiento incontrolado de la violencia criminal en República Dominicana es, sin lugar a dudas, el pobre gasto que a través del tiempo ha realizado el Gobierno en el logro de los objetivos de orden interno y justicia.
De esta manera, la seguridad ciudadana que debiera ser un bien público, como la educación y la salud, se convierte en fuente de diferenciación entre los ricos que pueden pagar un sistema sofisticado y costoso de seguridad privado y los pobres, y muchos de clase media, que tienen que recurrir a múltiples formas de autodefensa que no siempre son efectivas.
El gobierno tiene que enfrentar el problema de la violencia, impulsando el desarrollo de las reformas y modernización del sistema penitenciario, policial y judicial, y para eso tiene que hacer cuantiosos gastos. Y vale la pena porque se evitarían grandes pérdidas materiales y humanas y se preservaría la seguridad de los ciudadanos cuyo precio es incalculable.
En la República Dominicana, si se quiere también combatir la pobreza con eficacia deben operarse variaciones sustanciales. El mejoramiento del gasto social/cápita no solo debe depender del crecimiento del PIB, sino de cambios en la naturaleza de la composición del gasto público y en la relación del gasto público/PIB.
Somos partidarios de un cambio esencial, que coloque el énfasis en las políticas sociales e institucionales eficaces, en acciones coordinadas y en medidas preventivas (no meramente punitivas) que ataquen el mal en sus raíces, reduciendo así el margen de contagio de una parte importante de la niñez y de la juventud dominicana.
Finalmente, es necesario reconocer que el factor socioeconómico y psicológico más importante para el desarrollo del país y del ser humano lo constituye la paz.
REFERENCIAS
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Banco Central de la República Dominicana (1999). Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares 1997-1998. Tomo II. Indicadores Sociales: Autor
Brea, Mayra; Cabral, Edylberto (2000). ¿Aumenta la Violencia en República Dominicana? Perspectivas Psicológicas. Año 1 (1), p. 64-72.
Cabral, Edylberto; Brea, Mayra. (1999). Violencia y Factores Socioeconómicos de Riesgo. República Dominicana en el Contexto de América Latina. Revista CañaBrava. 23 (3), p. 9-11 y 24 (3), p. 4-6.
Casa Nacional del Diálogo (1999). Seminario-Taller Propositivo sobre la Violencia en la República Dominicana. Santo Domingo: Autor.
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CEPAL (1998) El Pacto Fiscal. Fortalezas, Debilidades, Desafíos. Santiago de Chile: Publicaciones de las Naciones Unidas.
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Dirección Nacional de Control de Drogas (1999) Estadísticas de Tráfico de Drogas Ilícitas en la República Dominicana. Santo Domingo: Autor
Fajnzylber, Pablo; Lederman, Daniel; Loayza, Norman (1998). Determinants of Crime Rates in Latin America and the World. Publicaciones del Banco Mundial, series Latin America and Caribbean Studies.
Fajnzylber, Pablo; Lederman, Daniel; Loayza, Norman (2002). Crimen y Violencia en America Latina. México: Alfaomega Grupo Editor y Banco Mundial.
García, Franklin; Brea, Mayra; De Moya, Antonio; Camilo, Thelma (2000). Foro Nacional Contra la Violencia: Hacia el Diseño de un Sistema de Protección Ciudadana. Santo Domingo: Editora Collado, S.A.
Lederman, Daniel (2000). Ciencia, Investigación y Políticas Públicas. El Curioso Caso del Crimen y la Violencia en América Latina. Exposición presentada en la Conferencia Internacional "Crimen y Violencia: Causas y Políticas de Prevención", 4 y 5 de mayo, Universidad de Los Andes, Bogotá, Colombia. En: www.worldbank.org/laccrime
Lizardo, Jeffrey. (1994). Condiciones de los Menores en República Dominicana. Santo Domingo: Publicaciones de la UNICEF.
Martínez, Aragena (1993). Adolescencia, Delincuencia y Drogas en Nuestra Sociedad. La Criminalización de la Pobreza en América Latina. Santo Domingo: Publicaciones de la UNICEF.
McAlister, Alfred (1998). La Violencia Juvenil en las Américas: Estudios Innovadores de Investigación, Diagnóstico y Prevención, Washington: Publicaciones OPS/OMS.
OPS/OMS (1997). Taller sobre la Violencia de los Adolescentes y las Pandillas ("Maras Juveniles "). San Salvador: Autor.
Organización Mundial de las Naciones Unidas (1997) Informe sobre la Situación Social en el Mundo, 1997. New York: Autor
Perry, Guillermo (2000). ¿Qué hemos aprendido? Reflexiones sobre políticas públicas. Exposición presentada en la
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PNUD (1998) y (1999). Informe Sobre Desarrollo Humano 1998, 1999 y 2000. New York: Ediciones Mundi-Prensa.
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Monday, October 17, 2005

Tenemos que invadir a Haití

OPINION
Tenemos que invadir a Haití
José Báez Guerrero
Parece evidente que las naciones con capacidad y obligación moral de auxiliar a Haití preferirían ignorar el problema y dejar que los dominicanos carguemos con ese muerto. Algo debemos hacer, porque no sólo aumentan las presiones internacionales para que absorbamos sin chistar la multitudinaria invasión de emigrantes ilegales, sino que esa misma inmigración está impactando significativamente las posibilidades de progreso dominicano. Si se aplicase al problema haitiano la manera de pensar de muchos funcionarios, impregnada de vestigios izquierdosos, hay que provocar una agudización de la crisis, ahondar el conflicto, para que -como sucede en los consultorios psiquiátricos-venga la catarsis o solución. Lo que debemos hacer los dominicanos es invadir a Haití. La idea puede parecer descabellada o un planteamiento puramente retórico, o quizás una deformación de mal gusto del argumento de aquella deliciosa novela titulada “The Mouse that Roared”, pero quizás los costos de esta solución sean menores que los que implica la situación actual. Una parte importante del presupuesto nacional dominicano se gasta hoy en día en atender necesidades médicas y educativas de haitianos indocumentados emigrados ilegalmente. Negarles atención médica sería inhumano, sobre todo si se considera que el gobierno de Haití gasta menos en atender la salud pública que el costo total que dedica la ONU para proveer atención médica a la fuerza militar que mantiene ocupado ese país. Parece una barbaridad, pero es rigurosamente cierto: la ONU gasta dos o tres veces más dinero en ponerle parches a las caries de sus soldados y darles aspirina a sus capitanes, que son apenas unos pocos miles, que lo que se dedica a la salubridad y urgencias médicas de ocho millones de haitianos. Una lección es que para ocupar Haití no hace falta mucho dinero, sobre todo por la buena salud de la tropa dominicana, acostumbrada a los rigores de esta isla. El principal propósito de la ocupación dominicana de Haití sería enviar allá a técnicos de nuestra Junta Central Electoral para organizar allá un registro civil haitiano, y documentar a los ciudadanos de ese país. Así, cuando crucen la frontera para acá, no requerirán documentos dominicanos. Ese sólo ítem eliminaría la fuente de innumerables conflictos, y allanaría el camino para una paz perdurable en la isla. A nadie le interesa esto más que a los dominicanos, por nuestra historia. Un resumen simplista de la historia de Haití podría ser este: en el siglo XVII, filibusteros y bucaneros enemigos de España ocuparon ilegítimamente la islita de La Tortuga, al norte de La Española. Al abandonar los españoles la parte noroeste de la isla, se mudaron de la pequeña isla a la isla grande. Los españoles luego cedieron a Francia la isla; la parte ocupada por los piratas había adoptado el nombre de Haití, como llamaban a la isla parte de los indios que la habitaban en el momento del descubrimiento. Los franceses establecieron una colonia que llegó a ser la más importante de toda América, tanto que en un momento producía iguales riquezas que los Estados Unidos. Pero toda la mano de obra consistía de esclavos traídos desde África, cuya expectativa de vida era tan corta, por la salvaje explotación a que eran sometidos, que no vivían suficiente tiempo como para ver descendencia. A finales del siglo XVIII, los negros se sublevaron, y una noche mataron a todos los blancos, degollándolos mientras dormían. Al amanecer de ese día, Haití se había convertido en un país puramente africano. De ser la más rica colonia francesa del mundo, en poco tiempo Haití entró en un proceso involutivo que cada año la dejaba más pobre y caótica. Cuando Francia le exigió el pago de reparaciones por los daños causados durante su sangrienta independencia, Haití invadió a Santo Domingo, porque entendía que así sería más fácil el pago a Francia. Santo Domingo, que había sido brevemente francés, estuvo ocupada y anexada a Haití desde 1822 a 1844, cuando nace la República Dominicana. Las guerras de separación o independencia duraron muchos años, y pese a dificultades apoteósicas los dominicanos hemos logrado preservar nuestra nación, esencial y profundamente distinta al país haitiano. Hoy, el proceso involutivo que tuvo su génesis en aquella noche espantosa en que los tambores y aceros llenaron de terror la noche haitiana, sin que un solo blanco viese el despuntar del alba, pues su sueño había pasado a ser, a filo de machete, eterno, ha alcanzado su clímax, y uno no sabe si en lugar de cenit debiera decir su nadir, porque Haití es cualquier cosa menos una nación. Uno de los principales obstáculos a la celebración de elecciones en Haití es que la inmensa mayoría de sus habitantes ni siquiera son ciudadanos, pues carecen de documentos de ciudadanía. Una invasión dominicana podría ayudar a enfocar mejor los problemas, y ofrecería la ventaja adicional de que la inmensa caterva de activistas pro-haitiana que opera aquí podría mudarse allá para realmente trabajar en beneficio de ese noble y sufrido pueblo. Ruquoy y Hartley darían misas en Cité Soleil; nuestros guardias tendrían mejor oficio; daríamos prueba de la capacidad civilizadora del pueblo dominicano. j.baez@verizon.net.do

Sunday, October 16, 2005

Sunday, October 02, 2005

Abaten a tiros a un triple homicida

Un hombre que apenas horas después de haber sido excarcelado mató a tiros a tres personas e hirió a otra en una secuencia de ataques en el sector Villas Agrícolas, fue muerto ayer a balazos por una patrulla policial a la cual se enfrentó. Para cometer los ataques, Ronny Torres de la Rosa despojó de sus armas a un vigilante privado y a un policía de la Fiscalía Barrial de Villas Agrícolas.
Torres de la Rosa mató a tiros a tres personas.
Dió muerte al vigilante Elías Ogando Ogando, a José Ernesto Aguasvivas y al comerciante Sergio Sánchez García, y además hirió en la cabeza a Richard Geovanny Torres, de 30 años. El atacante luego enfrentó a una patrulla que logró herirlo de varios disparos y falleció cuando era atendido en el hospital Francisco Moscoso Puello.
Aguasvivas fue a cambiar mil pesos a una envasadora de gas y al salir, fue atacado a balazos por el agresor.
Torres de la Rosa era señalado como un drogadicto antisocial, que incluso atentó contra la vida de su propia madre, por lo que había sido detenido el pasado jueves y liberado la tarde del viernes.
Testigos dijeron que el victimario intentó entregarse a las autoridades a través de un dirigente comunitario al percatarse de que se había quedado sin municiones, pero los policías no estaban al tanto de esa decisión cuando le dispararon.
Los moradores de la calle Diagonal Segunda esquina Félix Evaristo Mejía narraron también que Ronny hace varios meses causó graves heridas a tres mujeres, incluyendo una embarazada, delito por el cual no pasó mucho tiempo en prisión.
Se dijo que la agresión contra el comerciante Sánchez García se originó porque éste se había negado a darle una cerveza.
Moradores del sector aseguran que Ronny salió a las 8:00 de la mañana armado de un cuchillo a asaltar el Scotiabank de la avenida Duarte, pero al percatarse que estaba cerrado, entonces optó por atracar el vigilante Ogando Ogando, de la Arrocera Central, a quien despojó de su escopeta y luego lo mató de varias puñaladas.
Posteriormente se presentó a la Fiscalía Barrial de Villas Agrícolas y encañonó a un agente policial y lo desarmó.
A pocos metros mató a Aguasvivas, quien le preguntó qué estaba haciendo cuando asaltaba a un empleado de la envasadora de gas.
A seguidas, Ronny cruzó y disparó al comerciante Sánchez García.
También causó heridas a otras dos personas cuyos nombres no han sido suministrados.
Ronny, quien pasaba los días consumiendo drogas, fue liberado por orden del fiscal Edward Núñez, debido a que nadie se presentó a sustentar la querella en su contra.
Una patrulla de la Policía enfrentó a tiros a Ronny y lo hirió. Fue ingresado al Hospital Francisco Moscoso Puello.
Ronny fue liberado luego que su madre, Maritza Paredes, quien debió mudarse del lugar, retirara una querella contra él por su acoso a la familia.
La madre de Ronny vivía en la calle 34 de Villas Agrícolas y tuvo que mudarse porque no soportaba el comportamiento de su hijo que, bajo los efectos de la droga,en una ocasión anterior había tratado de matarla.
El jefe de la Policía, mayor general Bernardo Santana Páez, se presentó a la escena del crimen y lamentó lo sucedido.
Al conversar con periodistas de varios medios dijo que el autor de las muertes tenía problemas mentales.
La zona fue acordonada por miembros del Departamento contra Homicidios de la Policía que impedían el desplazamiento de las personas por la calle Diagonal Segunda.
Informó que continuará profundizando las investigaciones para conocer el historial de Torres de la Rosa.

Thursday, September 22, 2005

Familia quiere aclaren crimen

Familiares de Carlos Manuel Carpio y Tomás Guerrero Arache, muertos a tiros en un confuso incidente en la comunidad La Otra Banda, Higüey, solicitan al jefe de la Policía, mayor general Bernardo Santana Páez, que esclarezca las circunstancias en que murieron sus parientes.Solicitaron el apresamiento de Emeterio Carpio (tío de Carlos Manuel), y Matioli Olinton (ex padrastro), de nacionalidad italiana, quienes son sospechosos por el doble asesinato. En visita realizada a LISTÍN DIARIO, Escolástica Carpio, Ramón Nolasco Henry Hernández Carpio, Filomena González, Ramona Nolasco y Sergio Nolasco, madre, padre, hermano, y tíos de Carpio, respectivamente, acusaron a Emeterio Carpio y a un italiano del hecho sangriento.Según informaciones obtenidas, la Policía enfrentó a los occisos en un supuesto intercambio de disparos, tras perseguirlos por haber robado una yipeta.